La votación se produjo en la sesión del jueves 19 de noviembre. El texto había sido aprobado por el Senado en agosto, pero volvió a la Cámara alta porque Diputados le añadió en octubre dos artículos: uno deja sin efecto el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras, y otro restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, que limita al 15 % la propiedad extranjera de tierras rurales.

Según La Nación, el Gobierno cambió de estrategia después de que el proyecto original, elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, perdiera en agosto los artículos sobre extranjerización de tierras por falta de apoyos, y tras un fallo de la Corte Suprema sobre ese decreto que el propio tribunal suspendió después con una medida cautelar.

La ley establece más requisitos para las expropiaciones, como una declaración específica de utilidad pública y una indemnización previa calculada sobre el valor de mercado, según La Nación. También abrevia los desalojos: de acuerdo con C5N, en casos de ocupación ilegítima un juez podrá ordenar la restitución del inmueble antes de que termine el juicio si el propietario acredita la titularidad. Ambos medios señalan que, en los desalojos por falta de pago del alquiler, el inquilino deberá recibir antes una intimación con al menos diez días de plazo, y que los jueces podrán conceder hasta diez días a personas en situación de vulnerabilidad.

Votaron a favor La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y Convicción Federal; en contra lo hicieron Unión por la Patria, el Frente Cívico por Santiago y otros senadores de bloques provinciales, según C5N. Ese medio indicó que el texto busca reforzar las garantías de los propietarios, mientras que los bloques opositores repasaron durante el debate el intento del Gobierno de eliminar las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros.

La norma queda ahora en manos del Poder Ejecutivo, que debe promulgarla y publicarla en el Boletín Oficial para que entre en vigor.